Según diversos estudios realizados en España, entre ellos los del Instituto de Política Familiar desde la aparición de la ley del divorcio, se ha producido un incremento de rupturas matrimoniales que supera los tres millones de divorcios.

 

Sui bien es cierto, que el número mayor de rupturas se produce los dos primeros años, en la actualidad se establece que la duración media de un matrimonio viene a durar entre diez y quince años siendo en esta horquilla de tiempo en el que se producen el mayor número de rupturas.

 

Las causas de este aumento del número de divorcios pueden deberse a una multiplicidad de factores sociológicos y ambientales, entre los cuales se puede citar como elemento prioritario la incorporación de la mujer al trabajo y el cambio de mentalidad que ha experimentado nuestra sociedad en el terreno familiar.

 

La infidelidad suele ser motivo principal y primario de estas rupturas, sin embargo, otras causas más sutiles pero igualmente importantes suelen ser las diferencias irreconciliables de la pareja.

 

Sin embargo, a pesar de que en muchos casos la decisión de romper el matrimonial está tomada ya desde el punto de vista de la cabeza y del corazón, no se comienzan los trámites como consecuencia de no saber cómo resolver todos los problemas que un divorcio conlleva, entre los cuales podemos señalar la existencia de hijos, la cuantía de los alimentos que deberán pagarse, quién se hace cargo de la hipoteca o si se establece una custodia monoparental o compartida.

 

Dado que el divorcio significa una quiebra emocional y económica en muchos casos, es conveniente que su gestión sea encomendado a un abogado experto en estos temas legales, que sepa gestionar la situación y que disminuya en la medida de lo posible el dolor emocional y económico que toda quiebra matrimonial conlleva.

 

Es evidente, que ante esta quiebra, será necesario regular la situación jurídica planteada por los cónyuges ya que dejar de hacerlo únicamente planteará problemas añadidos dejando pudrirse la situación con los consiguientes efectos negativos que podrá tener en ambos miembros de la pareja y, principalmente, en sus hijos.

 

Llegados a este punto, ambos cónyuges deberán regular las situaciones que su quiebra matrimonial conlleva, bien a través de un divorcio de mutuo acuerdo en el que se pacten por ambos miembros todas las circunstancias de su futuro post matrimonial de común acuerdo o de forma litigiosa.

 

La alternativa al mutuo acuerdo es el divorcio contencioso en el cual los cónyuges al no ser capaces de encontrar soluciones negociadas deben encomendar al juez que fije los puntos en discordia y señale una solución obligatoria a través de una sentencia para ambos cónyuges.